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| Gustavo | 18 de enero de 2008 7:07 | |
| Para: norberto costa | ||
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Un espacio para compartir experiencias y conocimientos sobre la problemática socio ambiental de la Provincia de Córdoba, de Argentina y de Latinoamérica. Conocernos y aunar esfuerzos para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
| Gustavo | 18 de enero de 2008 7:07 | |
| Para: norberto costa | ||
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Un programa que anunció la Presidenta
Crearon un comité que no podrá tomar medidas concretas
A menos de tres días del anuncio del plan para sanear la cuenca Salí-Dulce, presentado por la presidenta Cristina Kirchner, ambientalistas de Santiago del Estero criticaron la forma en que se está encarando la recuperación del río y sostuvieron que el nuevo programa sólo genera burocracia.
La principal crítica es que apenas se formó un comité que no tendrá facultades para sancionar a las industrias contaminantes que operan en la cuenca, la más deteriorada del país después de la del Riachuelo-Matanza. "Sólo podrá aconsejar a los organismos de control de cada provincia para que se tomen las medidas", dijo a LA NACION Norberto Costa, en representación de los vecinos autoconvocados de Las Termas de Río Hondo.
Costa dijo que el plan "es más de lo mismo" y parafraseó al ex presidente Juan Domingo Perón para explicar la situación: "Si se quiere resolver un problema, se resuelve; si no, se crea una comisión".
Un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán confirmó que el comité no podrá aplicar sanciones. "Sería inconstitucional porque no tiene jurisdicción en ninguna de las provincias involucradas, aunque esté dirigido por funcionarios del gobierno nacional", dijo.
El plan para recuperar la cuenca Salí-Dulce había sido anunciado por el Gobierno en diciembre de 2006. Entonces, Néstor Kirchner firmó la resolución que creó "el comité de cuenca" que debía avanzar en soluciones para la región. Poco más de un año más tarde, el miércoles se dio a conocer el "plan de gestión" de la cuenca, en lo que fue la reaparición pública de la Presidenta, luego de 11 días de vacaciones en El Calafate.
Hubo varios intentos para tratar de disminuir la contaminación del río, aunque sin grandes resultados. El Salí nace en Tucumán en el límite norte con Salta, pasa por Santiago del Estero y desemboca en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba.
La mayoría de las industrias que contaminan la cuenca son tucumanas. Por ello, en esa provincia se había creado el Plan de Producción Limpia (PPL) que no tuvo éxito, ya que no era obligatorio para las empresas. Luego se creó el Plan de Reconversión Industrial (PRI), muy similar al anterior, con la diferencia que se le facilitaba créditos a tasa cero a las industrias que se inscribieran. El objetivo era que invirtieran en tecnología. Se habían anotado 35 empresas sobre más de 70.
A partir de la falta de avances, nacieron grupos de vecinos que cortan rutas y organizan protestas para reclamar medidas concretas. "No queremos burocracia, sino que metan presos a los industriales que contaminan", dijo Costa.
El plan que anunció la Presidenta no habla de sanciones. Hasta ahora, el comité lo único que tiene es una sede en la calle Urquiza 208, en Santiago del Estero.
Por José Ignacio Sbrocco
De la Redacción de LA NACION
En un fallo que sienta precedente, once campesinos que habían sido procesados por desalambrar un campo en defensa de su posesión ancestral fueron absueltos por la Justicia de Córdoba. En la sentencia, la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje avanzó sobre la problemática rural del norte provincial, instó al poder político (Ejecutivo y Legislativo) a ejecutar líneas de trabajo efectivas en el derecho a la tierra, reconoció las fallas de la institución policial y, al Banco Central –que había rematado el campo con los campesinos dentro–, le solicitó que no ejecute parcelas ocupadas por habitantes ancestrales. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político. No cederemos ni un metro más de nuestra tierra”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), donde militan los acusados. Sólo en la provincia existen más de 100 mil hectáreas en conflicto.
Además de absolver a los diez campesinos y al cura párroco Carlos Julio Sánchez, la Cámara solicitó “a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia la concreción, con la urgencia que la realidad social exige, de acciones tendientes a la real y efectiva protección posesoria de los habitantes de esta provincia, especialmente en el noroeste cordobés, por no resultar suficientes las ya existentes”. En la sentencia, dictada el viernes último, también advirtió al fiscal general de la provincia sobre las cajoneadas denuncias de los pobladores rurales (en las audiencias quedó explicitado que los efectivos policiales discriminan a los campesinos, y que las acciones judiciales impulsadas por ellos rara vez prosperan).
“Quiero agradecerles a todos”, remarcó a la salida de los tribunales Carlos Loyola, el trabajador rural del predio en disputa. Con voz entrecortada por la emoción, recordó la gran cantidad de casos como el suyo y advirtió: “Vamos a seguir para adelante, en la lucha”. Mientras unas cincuenta personas, con la leyenda “acusados por defender la vida campesina” en sus remeras, aplaudían y coreaban: “Alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América latina”.
Loyola, de 56 años y cuatro hijos, siempre vivió y trabajó en la misma tierra –paraje Cañada Larga, norte de Córdoba–, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, el empresario Ramón Alberto Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Ma-zzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó. En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión.
Durante las audiencias, los once acusados reivindicaron el corte de alambres como “ejercicio legítimo del derecho a la tierra (por los años de posesión de las familias y por la necesidad del agua)”, remarcaron que desalambrar “no constituye delito en el marco de necesidad que fue realizado” y afirmaron que lo volverían a realizar.
La fiscal Ahidé Gersicich había rechazado que los campesinos actuaron en legítima defensa, los cuestionó por no utilizar “los caminos legales y constitucionales, que le permiten el libre acceso a la Justicia, sin gasto”, aunque evitó referirse a la negativa policial de recibir denuncia a los campesinos, y reclamó la prisión de los acusados. El abogado querellante Pablo Olmos redobló la acusación, imputó al Movimiento Campesino de constituir una “asociación ilícita que pretende poner en juego el orden constitucional mediante una cantidad indeterminada de delitos”.
El empresario porteño Mazzeo había adquirido, mediante remate judicial, 2000 hectáreas. Pero en gran parte de esas tierras viven desde hace décadas, con derechos de posesión adquiridos por ley veinteañal, familias campesinas con sus animales y sembradíos. La sentencia no omitió lo irregular de esa venta. Solicitó “a las autoridades del Banco Central de la República Argentina –agente de remate– que los instrumentos públicos por los cuales transfiere el dominio de inmuebles contengan una correcta acreditación de titularidad (que conste a quién pertenece, no sólo en papeles sino quién cuenta con la posesión y uso efectivo del inmueble)”.
Desde inicios de la década del 90, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas; 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. “La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos”, reconoció la Bolsa de Cereales. Desde el MCC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, explican que ese corrimiento de la frontera agropecuaria es una de las principales causas del desalojo de miles de familias campesinas. Sólo en Córdoba, la organización afronta más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100 mil hectáreas en disputa.
“Para un campesino, la Justicia es la policía de la zona, que criminaliza la pobreza, la protesta y la organización de las familias. Hay una gran desprotección. Pero a partir de la organización, las familias campesinas luchan para que se les respeten sus derechos, ponen el cuerpo en la defensa de su tierra, protegen su forma de vida”, había explicado a este diario el cura párroco de Serrezuela, Carlos Julio Sánchez, que participó del corte de alambres y fue uno de los enjuiciados. En la última audiencia, cuando aún cabía la posibilidad de ser condenado a cuatro años de cárcel, el párroco dijo: “Los instrumentos que los campesinos tienen para defender la posesión de sus tierras son pobres, son precarios, no son perfectos, pero existen. Uno de los instrumentos es la denuncia, otro es la defensa de la posesión, con medios proporcionales a la agresión”.
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| George W. Bush. |
2001 - 19 y 20 de diciembre - 2007
Han pasado 6 años desde la Rebelión que en diciembre de 2001 logró, con el pueblo en la calle, voltear aun presidente. Seis años median entre aquellas jornadas gloriosas y este presente tan promisorio.
Ha pasado mucho durante esos seis años. El Pueblo se ha dado nuevas formas de lucha, nuevas organizaciones para la pelea diaria, como son las Asambleas autoconvocadas Contra el Saqueo y la Contaminación, entre otras...
A la historia la estamos construyendo l@s que, con nuestras formas de organización, salimos a la calle a exigir vida digna, trabajo, justicia, con un ambiente sano, para tod@s.
En el marco de esta supuesta democracia, el pueblo ya no quiere seguir siendo engañado: un permanente doble discurso desde las más altas autoridades pretende silenciar los reclamos socioambientales. Desde la presidencia de la nación han dicho que el cuidado del medio ambiente es "política de estado", pero el mismo presidente se declara como "pro-minero" impulsando el saqueo de nuestros bienes comunes, mal llamados recursos naturales, y la destrucción de la biodiversidad, el secado de los acuíferos y la contaminación de enormes áreas ya asumidas por ellos como "zonas de sacrificio". Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y hasta Córdoba están destinados a ser "áreas mineras".
El tema minería se complica con la intención de la CNEA de reabrir minas de uranio y explotar nuevas, en pos del desarrollo de la energía nuclear, en contramano de lo que sucede en los países del "primer mundo" que ya están volviendo de esas tecnologías, pues ya no saben qué hacer con los desechos radioactivos. Resumiendo: quieren generar energía eléctrica de la manera más cara y contaminante que existe, en lugar de invertir en otros formas (eólica, solar) mucho más limpias y económicas en el largo plazo.
Otro tanto sucede con la "sojización" de nuestros territorios: se ha fomentado la destrucción de bosques y montes, expulsando comunidades campesinas y de pueblos originarios, contaminando a los habitantes con "lluvia de agrotóxicos" y transformando nuestro país en un campo sin campesin@s, todo en pos de un supuesto desarrollo que en definitiva no produce ningún "derrame" de bienestar y crecimiento para la población, sólo acumulación de riqueza para unos pocos.
Y como la frutilla del postre, en un país donde casi la mitad del pueblo se encuentra por debajo de la línea de pobreza y muchos pasan Hambre, nos quieren convencer de que el "desarrollo" vendrá de la mano de los "agrocombustibles", llamados "biocombustibles" para "pintar la mentira de verde" y ocultar que en lugar de producir alimentos usarán la fertilidad de nuestros suelos para fabricar combustibles para los paises de "el norte", encarecerán los alimentos, y nos harán cada vez más dependientes alejándonos de la imprescindible "soberanía alimentaria" de los pueblos.
Es por esto que desde Peperina Rebelde llamamos a tod@s a que se sumen a la marcha de reivindicación de las jornadas de 2001, el día jueves 20/12 a las 18 en Colón y Cañada en el camino del "que se vayan todos", sea una realidad y no un reacomodamiento de políticos de las viejas políticas neoliberales.
¡JUSTICIA PARA DAVID MORENO Y TOD@S LOS CAÍDOS EN DICIEMBRE DE 2001!
¡APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ!
¡LIBERTAD A TOD@S LOS PRES@S POLÍTIC@S!
¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡BASTA DE SAQUEO, CONTAMINACIÓN Y DESTRUCCIÓN!Vean los videos de La Liga, Contaminación Cero, y otros en el blog multimedia: http://comonoscontaminan.blogspot.com/